Pons, Camps y la sandía

Próximas ya las elecciones locales y autonómicas, el Conseller Pons anuncia la inminente presentación de un Plan de Acción Territorial para l'Horta de Valencia cuya redacción, prevista en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, de junio de 2004, acumula ya meses de demora y, lo que es más grave, una ausencia casi total de participación y, por consiguiente, de consenso en la sociedad valenciana.

Los estrategas electorales saben bien de la creciente sensibilidad social acerca de los temas territoriales y urbanísticos que están en el trasfondo de las dificultades de acceso a la vivienda de una mayoría de la población a un precio razonable y no adulterado por indeseables especulaciones y corruptelas inmobiliarias. Seguro que intuyen también dichos estrategas los riesgos que pueden comportar las oleadas de indignación y repulsa que los pelotazos urbanísticos despiertan entre una ciudadanía que, con su voto y sus impuestos, alimentan a una casta política cuya credibilidad se encuentra cada vez más en entredicho.

Tal vez por eso, casi al límite de ser sobrepasado por el crecimiento de la contestación ciudadana ante tanto abuso urbanístico, al arreciar los escándalos que implican a algunos de sus partidarios, las investigaciones judiciales y las denuncias de la Unión Europea, el Sr. Camps recurrió al viejo truco consistente en blanquear la fachada en lugar de sanear el edificio, sustituyendo el duro rostro del veterano Sr. Blasco, dedicado ahora al marketing sanitario, por el más amable de ese muchachote ocurrente que pregona ahora una política sandía para el territorio y el paisaje valencianos.

Pensarán Pons y Camps que no recordamos que el Partido Popular ya utilizó la promesa de la ordenación territorial como uno de los ejes de su programa en la campaña electoral de 1995. Una promesa incumplida y reiterada por un reelecto Zaplana en el debate de investidura de 1999. Como también parecen confiar en que hayamos olvidado que fue en noviembre de 2002, en vísperas también de elecciones locales y autonómicas, cuando el Consell del Partido Popular remitió un proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y del Suelo No Urbanizable que, aunque fue publicado en el Boletín de les Corts, no alcanzó a ser debatido por la expiración de su mandato, tal y como a buen seguro habían previsto también esos estrategas populares.

Así, entre promesas incumplidas y declaraciones retóricas, han pasado casi doce años durante los cuales el territorio valenciano ha sido sometido a un proceso de urbanización frenético donde todo es urbanizable. Cauces, humedales, montes, costa, huerta y otros parajes irrepetibles sucumben al hormigón, perdiéndose para siempre. Años durante los cuales nuestros barrios tradicionales se han visto desatendidos en sus necesidades básicas mientras se creaban nuevas urbanizaciones e instalaciones comerciales y de ocio dispersas, fragmentando la ciudad, segmentando a la ciudadanía y generando cada vez mayores demandas de recursos e infraestructuras.

Unos años, en fin, carentes de la mínima planificación supramunicipal que ordenase un crecimiento que sólo sirve al verdadero desarrollo cuando se sabe orientar y disciplinar con el consenso de todos los agentes sociales. Un periodo que, como ninguno antes, ha contribuido a la riqueza de unos pocos y al empobrecimiento de una mayoría atrapada entre la esclavitud de la hipoteca y los requerimientos del consumo.

Pretenderán también que no recordemos que el Consell Valencià de Cultura en un dictamen adoptado por unanimidad allá por mayo de 2000, tras recibir opiniones y propuestas de una nutrida representación de la sociedad, recomendó encarecidamente al Gobierno valenciano la aplicación rigurosa de medidas de protección para l’Horta, junto a la definición de un marco legal para la creación de un “organismo supramunicipal e interinstitucional que elabore e implemente un plan de protección de l'Horta de Valencia que nazca del máximo consenso social posible y busque garantizar la viabilidad de los usos agrícolas y derivados de este medio humano productivo”.

Pero no olvidamos, como tampoco olvidamos que la ciudadanía expresó su preocupación y sus propuestas a través de la primera y única Iniciativa Legislativa Popular que ilustra la historia democrática valenciana mediante una proposición de ley que abordaba la compleja problemática de l'Horta de Valencia y contenía todo un catálogo de medidas para su ordenación y protección a desarrollar a través de mecanismos basados en la articulación del máximo consenso entre agentes privados, colectivos sociales y las distintas administraciones implicadas, así como en la cooperación de estas entre si. Una iniciativa que, suscrita por más de 117.000 valencianas y valencianos, fue despreciada por el Partido Popular en les Corts Valencianes en un vergonzante ejercicio de prepotencia política del que ahora se cumplen ya cinco años, abortando así el gran debate social recién iniciado.

Se acerca, como decíamos, una nueva cita electoral, y ahí aparece Pons, ungido por Camps y con la sandía por estandarte, para redescubrir el territorio y el paisaje. Anuncia un Plan de Acción Territorial para l'Horta cuyo contenido, de momento, nadie conoce, y sin explicar tampoco cómo va a construirse el consenso social tantas veces reclamado, se atreve a afirmar que se aprobará en esta legislatura. Una sospechosa premura que contrasta con casi doce años de dejación de responsabilidades por los gobiernos populares. Demasiado tiempo de descontrol y de impunidad para las agresiones a un patrimonio singular que debiera ser seña de identidad valenciana y no mero pretexto para ocurrencias y engañifas electorales.