Puerto de Valencia: menos prepotencia, más debate

La polémica ampliación del puerto de Valencia ha entrado en una nueva fase, más preocupante todavía que las anteriores. Hasta este momento, la prepotencia de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) resultaba insoportable. Prepotencia que no admite reflexión ni debate, les hace creer que solo ellos pueden entender el mejor camino para la sociedad y en consecuencia, tratan de asustar a quienes cuestionan sus proyectos, augurando males apocalípticos para la economía valenciana si no se llevan a cabo; y todo ello, con estudios e informes cuya metodología y contenido no se atreven a exponer públicamente.

Ahora, una visita a Valencia del director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, ha bastado para poner en marcha la ya conocida maquinaria de agitación político-mediático-empresarial del agravio y del victimismo valenciano. Primero fue con el AVE, después con el agua, y ahora con el Puerto, se completa una trilogía del disparate y de la manipulación difícil de digerir.

Parece ser que el señor Alejandre dedicó su conferencia a explicar las consecuencias de la aplicación de la nueva legislación sobre impacto ambiental (obligada por una directiva europea) y apenas se refirió, por lo que la prensa cuenta, a responder a algunas preguntas sobre la ampliación del puerto de Valencia, en una posterior reunión con los periodistas. Bastó con que dijera que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pendiente llevará su tiempo en sustanciarse, para que inmediatamente saltaran desde la alcaldesa hasta los empresarios echándose al cuello, por elevación, de la ministra de Medio Ambiente. Nada nuevo en este panorama cansino y rancio de la política popular valenciana acentuado desde el triunfo de Zapatero.

Pero hay algunos rasgos muy preocupantes en el nuevo asalto. El presidente de la APV, sin duda crecido por el ya tradicional apoyo con que cuenta, se atreve a presionar al Ministerio de Medio Ambiente (MIMA) porque, según él, las obras deben comenzar cuanto antes, discutiendo de paso al MIMA la facultad de intervenir en el asunto. Ya conocemos la escasa sensibilidad de la APV por la normativa ambiental, que considera un obstáculo insoportable para sus planes, pero no podíamos imaginar tanta desfachatez al ningunear la DIA, que ya dan anticipadamente como asunto de trámite favorable.

Cuestionar el papel de otras instancias de la Administración que limitan el aparente poder “absoluto” de que disfruta la APV, menospreciar los procedimientos administrativos, ignorar la dificultad intrínseca de una evaluación ambiental como la exigida, no muestra sino el rechazo que en la APV generan todas aquellas instituciones y colectivos que no comparten sus proyectos. Por si fuera poco, en la comparsa aparece la alcaldesa de Valencia, que lejos de expresar, siquiera de manera tímida, una mínima preocupación por los riesgos para la ciudad (que vienen señalando diferentes sectores), se lía la manta a la cabeza para unirse al coro portuario sin el mínimo pudor.

Esta actitud de la primera autoridad municipal contrasta con la que mantuvo su compañero de partido, el señor Martín Quirós cuando, en 1990, de manera precipitada, el Ayuntamiento de Valencia (entonces gobernado por los socialistas) dio el visto bueno a la ampliación sur del puerto. “En relación con este tema –decía el señor Quirós- hay muchas cosas que me preocupan. Me preocupa, por supuesto, el posible impacto negativo sobre la costa. Me preocupa y me inquieta el desconocido efecto que la proyectada ampliación tendría sobre el futuro de la ciudad. Y me preocupa muy especialmente la pretendida pérdida de Nazaret que la aprobación del proyecto llevaría aparejada” (Hoja del Lunes, 24/9/1990). El tiempo demostró, por desgracia, que sus temores tenían fundamento.

Cierto es que la APV cuenta con un aliado tácito, que hasta ahora no ha dado demasiadas muestras de preocupación ambiental. Nos referimos al Ministerio de Fomento, titular último de las instalaciones portuarias. Ya hemos escrito en estas mismas páginas la contradicción flagrante que existe entre la declaración de intenciones ambientales del Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT) y su catálogo de obras que no varían las políticas precedentes. Todos los indicios apuntan a que el departamento de Magdalena Álvarez está de acuerdo con los proyectos de ampliación del Puerto de Valencia. De hecho, los representantes de la Administración Central en el Consejo del Puerto no han propuesto ninguna reflexión sobre dicha ampliación (ver LEVANTE 18/11/2006).

De poco han servido los argumentos de peso que se han dado, además de los estrictamente ambientales cuyos riesgos reconoce la propia APV; y entre ellos, aparece el empeño absurdo de competir con el puerto de Barcelona, la ilógica proyección hacia 2035 de los planes, los impactos en el área urbana de Valencia, además de las playas, reconocidos ya de manera irreversible hasta este momento por la misma APV (no se va a causar más daño del que ya se ha producido, han venido a decir).

Así que hay que pedir a todos respeto a la ley, a la norma, al procedimiento, a la lógica de las cosas. (Y de paso, al presidente de la APV, que deje sus preferencias políticas para la esfera privada, y que desvincule de una vez el Puerto del Partido Popular, pues se trata de una empresa pública estatal, o sea, de todos).

Ahora solo cabe esperar que la Declaración de Impacto Ambiental se haga con el máximo rigor técnico, sin presiones de ningún tipo, para tranquilidad y garantía de los contribuyentes, y en especial, de los ciudadanos de Valencia.

Y lo que resulta de una vez imprescindible es fomentar un debate serio, público, transparente y cualificado sobre el futuro de la Ciudad/Puerto, entendido desde todas las vertientes. Debe quedar claro, por la irreversibilidad de las obras, si ese futuro puede darse de manera conjunta y armónica en determinado grado, o ya se ha llegado al extremo en que uno de los dos se ha de supeditar al otro. Parece que poco a poco, los ciudadanos empiezan a entender que no hay progreso sin respeto ambiental, por mucho que en la mayoría de los proyectos solo se destacan los supuestos beneficios económicos.