La cara oculta de los PAI

El proceso de destrucción global de las ciudades y del campo no puede invertirse si no es a través de un plan global de reconstrucción filosófica, técnica, cultural, moral y económica; dicho de otro modo, a través de un proyecto ecológico. (Leon Krier “Carta de la ciudad”, 1994)

Las noticias sobre la urbanización del territorio son espectaculares, debido a los numerosos planes de urbanización en curso. Posiblemente, en estos momentos, se estén construyendo y planificando un millón de viviendas entre Vinaròs y Almería. Para unos, estos procesos son una maldición sobre el territorio y sobre la sociedad. Para otros, se trata de la más alta ocasión que vieron los siglos para enriquecerse. Y en el medio, el común de los ciudadanos oscila entre el asombro, la curiosidad y el escepticismo ante tal proceso. Mucho se ha escrito sobre la bondad o perversidad de este proceso, que en el País Valenciano tomó la forma de los PAI. Poco se ha dicho sobre los efectos indirectos que este proceso, por voluminoso y por rápido, puede tener sobre el conjunto de la sociedad y de la economía.

Una de las características del actual proceso urbanístico es que opera casi exclusivamente sobre las áreas que los promotores van a urbanizar. Son procesos estrictamente privados. Toda o casi toda la inversión se ejecuta dentro del terreno que se va a urbanizar. Las inversiones necesarias que hay que hacer en su exterior no se computan, no se planifican y, por supuesto, tampoco se pagan. Los cientos de millones de metros cuadrados que se planea urbanizar son islotes esparcidos por todo el territorio valenciano sin ninguna articulación con su contexto. El archipiélago de planes que se están esparciendo por todo el territorio valenciano van a ser eso, islotes presuntamente paradisíacos, desconectados del tejido urbano, difícilmente accesibles y carentes de los servicios colectivos necesarios para su buen funcionamiento.

Un ejemplo puede ilustrar esta afirmación. En algunas poblaciones de los alrededores de Valencia se están proyectando hasta ocho o diez urbanizaciones, como es el caso de Riba-roja. Si se presta sólo atención a la accesibilidad a esas urbanizaciones desde Valencia se constata que las carreteras actuales son claramente insuficientes y que, en las horas de mayor demanda de tráfico, están prácticamente colapsadas. Es decir, la red viaria existente ya es hoy insuficiente para la demanda actual. Las nuevas urbanizaciones incrementarán la demanda de acceso a esas urbanizaciones y desde esas urbanizaciones a Valencia, lo que no hará otra cosa que aumentar la congestión y el colapso de estas vías. En esa lógica, la “solución” sería ampliar las carreteras o hacer otras nuevas. Pero existe un pequeño problema: eso cuesta dinero, mucho dinero, y también tiempo, mucho tiempo.

Y quien dice carreteras dice toda la gama de servicios colectivos necesarios para que vivir en cualquier sitio sea razonablemente cómodo: escuelas, guarderías, servicios médicos de atención primaria, bomberos, abastecimiento y depuración de aguas, correos, teléfonos, servicios municipales… en fin, servicios que deben ser prestados por la comunidad, ya sea el municipio, la diputación o quien sea. Servicios que se financian con los impuestos de todos.

Los que se vayan a vivir a estos nuevos espacios urbanizados exigirán los servicios públicos que no existen en su urbanización. Y los servicios públicos siempre cuestan dinero, dinero que hay que recaudar entre todos los ciudadanos y no sólo de quienes los van a demandar.

¿Alguien ha listado, estimado y valorado las inversiones públicas necesarias para hacer mínimamente viables este archipiélago de urbanizaciones sin las cuales serán literalmente inaccesibles, incómodos y, a la larga, inviables? Si alguien hace el cálculo puede que todos nos asustemos por la magnitud de las inversiones públicas a realizar.

Con independencia del juicio que cada cual se haga de la calidad urbanística de las urbanizaciones que van a albergar a cientos de miles de viviendas en nuestro territorio, el hecho real es que se está siguiendo una política incoherente: poner el carro delante de los bueyes. Parecería más lógico haber creado antes – y a costa de los urbanizadores y residentes- las dotaciones necesarias para que esos espectaculares planes no se conviertan en un archipiélago de urbanizaciones, islotes aislados del mundo exterior, protegidos por guardias y vallas, y carentes de todo aquello que cualquier ciudadano requiere para tener una vida agradable. En economía se llaman externalidades positivas. Son absolutamente necesarias y crearlas cuesta tiempo y dinero. Mucho tiempo y mucho dinero.