El sufrido papel de los impactos ambientales

“La sabiduría no es sólo la percepción de lo que se sabe (conocimiento), sino también de lo que se ignora; consecuentemente, la gestión necesita todavía más de la sabiduría que del conocimiento”. Ricardo Almenar, 1991. Atlas de la gestión del medio ambiente en la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana.

Estudié biología porque desde siempre me fascinó la vida, en todas sus manifestaciones. Desde los organismos microscópicos hasta los seres más grandes que se puedan encontrar, ya sean animales o vegetales; la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta. Y como para mí esto es esencial, suponía que igualmente sería de interés general –craso error de juventud-, y al acabar los estudios universitarios, me centré en cómo podía transmitir a los demás todo lo que había aprendido para obtener el anhelado título.

El azar y la buena suerte propiciaron que se cruzaran en mi camino dos personas que me marcaron profundamente a nivel personal y profesional, gracias a las cuales encaucé mis energías en desarrollar una actividad profesional como consultora en materia de impacto ambiental y desarrollo sostenible, actividad en la que estoy una decena de años, y en la que espero poder continuar todo lo que sea posible.

Indico lo del decenio, no porque sea un gran periodo de tiempo en si mismo, sino porque tan sólo un lustro antes, en 1990, se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de Impacto Ambiental, de la Generalitat Valenciana, ley en cuyo preámbulo se puede leer que se promulga con el objetivo final de lograr “la protección de la salud del hombre y la conservación en cantidad y calidad de todos los recursos que condicionan la vida: agua, aire, espacio (suelo, paisaje), clima, materias primas, hábitat, patrimonio cultural”.

Se estima que desde 1989, se han realizado en la Comunidad Valenciana unas tres mil Declaraciones de Impacto Ambiental, derivadas de la aplicación de la Ley 2/1989 y su Reglamento. Es curioso, pero, en estos quince años escasos de aplicación de una herramienta que considero potente, tanto en su espíritu como en su articulado, la Comunidad Valenciana ha incrementado –y muy notablemente- su grado de insostenibilidad medioambiental. Efectivamente, indicadores muy relevantes así lo indican. El uso de un recurso tan básico como la energía se ha duplicado desde 1990; un desecho de tanta trascendencia como el dióxido de carbono vertido a la atmósfera casi lo ha hecho también y un indicador de antropización del territorio como es la superficie urbanizada ha crecido un 50% en sólo una década.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que, aplicando varios millares de veces una herramienta como es la evaluación de impacto ambiental, la insostenibilidad medioambiental de la sociedad valenciana se haya acrecentado de modo tan alarmante, y lo que es peor, la tendencia no parece que vaya a invertirse? Tan sólo, entre las diferentes causas de ello, se me ocurre una primera respuesta a tales preguntas, y es que, por desgracia, la banalización y ninguneo de los estudios de impacto ambiental ha llegado a un límite insospechado. En efecto, capturando el adjetivo “sostenible”, se antepone a éste los sustantivos “economía” o “sociedad” en pro de las cuales se adjudican y ejecutan actuaciones -con declaraciones de impacto positivas emitidas por la Administración competente en la materia-, cuyas medidas protectoras y/o correctoras y plan de vigilancia ambiental son en su mayoría superficiales y secundarias.

De este modo, los impactos ambientales producidos, sean del calibre que sean, se sacrifican en aras de una sociedad que se empeña en mantener el mismo modelo de crecimiento económico desde hace décadas. Parece que todo se puede justificar. Y así, los impactos ambientales se minimizan tanto que llegan a desaparecer. La Conselleria de Territorio y Vivienda desvía la atención del problema real de insostenibilidad medioambiental en el que nos encontramos impulsando medidas correctoras y actuaciones puntuales que pueden ser llamativas, sí, pero que simplemente sólo sirven para mantener, cuando no empeorar, dicha situación.

Los ejemplos al respecto abundan. Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia acaba de anular el permiso de actuación para la instalación de la línea de alta tensión entre los municipios de Castelló de la Ribera y Gandia, ya que falta en el proyecto de obra el estudio de impacto ambiental correspondiente. La cuestión ha ocurrido porque un proyecto sometido al procedimiento de impacto ambiental se ha fraccionado en otros más pequeños para escapar así de la normativa. Pero es evidente, a lo ojos de cualquiera, que no porque técnicamente se divida este gran equipamiento energético en varios inferiores, no deja de ser una única actuación de gran entidad y con un impacto ambiental considerable. ¿Por qué la Conselleria aprobó en su día la ejecución de un proyecto fraccionado de esta manera? Si debe velar para que se cumpla la legislación vigente ¿cómo es posible que ella misma sea la primera en incumplirla?

No parece que los objetivos pretendidos en la ley 2/1989 se estén alcanzando, al menos de momento. Sigo pensando que es una ley necesaria, avanzada cuando se promulgó, pero echo en falta una mayor seriedad y rigurosidad en su aplicación. Y más allá de lo que acaba de apuntarse, creo que en estos inicios del siglo XXI, las evaluaciones de impacto deberían transformarse en verdaderas evaluaciones de sostenibilidad medioambiental, un camino que todavía no hemos iniciado.