Publicado el 2 - 12 - 2001 en Diari Levante - EMV
Despilfarro energético de la economía valenciana
Emèrit Bono
Catedrático de Política Económica
Recientemente el Presidente Aznar hacía una declaración de intenciones del tenor siguiente: "cuando España ocupe la Presidencia de la U.E. (primer semestre del año 2002) va a impulsar, entre otras cosas, una mayor liberalización del mercado energético comunitario". Al escuchar la noticia por la televisión cundió en mí un cierto nerviosismo y desánimo. Y les aseguro que aquello no me lo provocaba la “peculiar forma disruptiva de comunicación” del Presidente. Pensaba, más bien, en lo que ya está significando la liberalización de la que él habla sobre el mercado energético español y, más concretamente, en el País Valenciano.
En efecto, cuanto más liberalizado y desregulado esté un mercado, más obligada está la Administración en proporcionar el marco jurídico que garantice que el libre juego de la oferta y la demanda conlleve una mayor eficiencia en la asignación de los recursos, así como que no se lesionen los intereses y la calidad de vida del ciudadano. O sea, cuanto más mercado haya, mayor exigencia por parte de los poderes públicos ha de haber a los diversos actores que operan en el mercado, en el cumplimiento de la ley. Así, por ejemplo, liberalizado el mercado alimenticio, la Administración ha de ser sumamente cautelosa en el control de los diversos materiales que se utilicen para producir los alimentos para, con ello, reducir los riesgos para la salud humana (recordemos el aceite de colza, las vacas locas, etc.). En otras palabras, más mercado significa, también, mayor implicación de la Administración tanto en la tutela de la calidad de vida ciudadana como en una mayor racionalidad asignativa del mercado.
Pero también sabemos que una mayor liberalización no necesariamente comporta mayor competencia. M. Thatcher liberalizó la economía inglesa y sin embargo no aumentó su competitividad, como han puesto de relieve Deakin y Michie ( Contract and Competition: an introduction) . De ahí, pues, que la política de competencia exija algún tipo de regulación.
Pues bien, ¿qué sucede en el mercado de energía? La primera observación es que se trata de un mercado con oligopolio de oferta (entre pocas empresas controlan el mercado) que, por su naturaleza, necesita la regulación del Estado. Y así sucede en el mercado español. Sin embargo, dicha regulación es, sobre todo, de precios (tarifaria), dando libertad a las empresas a que se ubiquen donde quieran (matizando que en realidad será donde puedan, claro está, en función de las posibilidades y restricciones existentes en los lugares donde quieren ubicarse).
Sin embargo, en todas estas cuestiones, hay una cuestión que apenas aparece en nuestro país. Me refiero a la ecoeficiencia en la utilización de los recursos energéticos. Por ecoeficiencia entiendo, sintéticamente, producir más con menos. O sea, que para producir una unidad de un producto cualquiera utilicemos menos materiales y menos energía. Los países de nuestro entorno comunitario (especialmente en la industria y en muchos servicios) han conseguido reducir el consumo energético por unidad de producto de una forma importante. Así, por ejemplo, la industria química europea ha disminuido el consumo energético por unidad de producto a menos de la mitad.
En nuestro caso, la Comunidad Valenciana está retrasada en ecoeficiencia. Si nos referimos a los últimos años de los que disponemos de datos, podemos comprobar que para generar un millón de ptas. de PIB (en valores constantes de 1986) el año 1993 necesitábamos consumir 1,26 Teps (toneladas equivalentes de petróleo) de energía final, y esa cantidad se elevaba a 1,47 en el año 1998. Lo mismo sucedía con la industria, que pasaba de consumir 1,29 Teps de energía final para generar un millón de pesetas de producto industrial en 1993 a situarse en 1,71 Teps en el año 1998.
En otras palabras, la ecoeficiencia productiva de la economía valenciana deja mucho que desear y parece que se mueve en la dirección contraria de los países de nuestro entorno comunitario. Yo diría que nuestra economía se basa en el despilfarro energético, aspecto este último que a la larga afectará a nuestra capacidad competitiva.
A mi juicio, cualquier proceso de modernización de este país (ahora que todos somos tan “modernos”) pasa por aumentar la ecoeficiencia del sistema productivo valenciano. La tecnología para ello existe (véase los países de nuestro entorno). Hay que tener, o crear, la voluntad política para hacerlo, dotando de los incentivos necesarios que potencien aquel proceso de modernización. No se puede olvidar que hay una correlación directa entre consumo energético y contaminación atmosférica, lo cual quiere decir que cuanto menos energía consumamos menos contaminación tendremos.
Que se esté planteando ahora aumentar la oferta (producción) energética de la Comunidad Valenciana en 2000 Megawh (por medio de una central térmica de ciclo combinado de gas natural en Sagunto y otra, prevista y en la fase de construcción en Castellón) no constituye un buen augurio. Más bien aumentar, todavía más, el despilfarro energético.
Y vuelvo al principio. Liberalizar el mercado energético sin el necesario acompañamiento de racionalización en la utilización de la energía (bien escasísimo) sin aumentar la ecoeficiencia de nuestro sistema productivo, puede ser signo de inmadurez y de precipitación política que pagaremos caro en el futuro.
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