Mercado único y ciudadanía europea

La construcción del mercado único europeo, sin lugar a dudas, será considerado en los futuros manuales de economía como uno de los ejemplos más notables y de éxito de integración negativa. Por integración negativa hay que entender la eliminación de aranceles, de restricciones cuantitativas y otras barreras al comercio y de obstáculos a la competencia libre y no distorsionada.

Por el contrario, la integración positiva pretende la reconstrucción de un sistema de regulación económica en el nivel de una unidad económica más amplia (la UE). En otras palabras, mientras la integración negativa está orientada a la “creación de mercados”, la integración positiva busca la “corrección de mercados” (por ejemplo, regulando las condiciones laborales, de control de la contaminación, de protección social).

Una de las características más destacadas de la integración negativa, como han puesto de manifiesto diversos analistas (Weiler, Mc Gowan y Wilks, Scharpf, Maduro, etc.), es el papel jugado por la Comisión DG-IV, con sus más de 280 Directivas del Mercado único, así como el Tribunal de Justicia Europeo. En este sentido, la Comisión y el Tribunal de Justicia han sido actores poderosos en el desarrollo del mercado único, sin tener que recurrir a una legitimación política más específica y contemporánea que no sea la de los acuerdos contenidos en los textos de los tratados.

Estos desarrollos del libre comercio tienen y han tenido efectos positivos en las diferentes economías nacionales y sus ciudadanos, si bien en forma desigual. Mejores frutos han conseguido las multinacionales y, peores, las pequeñas empresas, trabajadores y consumidores.

La integración positiva, a diferencia de la integración negativa, depende de hecho de un alto grado de acuerdo entre los gobiernos miembros de la Unión. Alcanzar acuerdos tiene dificultades, consecuencia de hechos reales como son los conflictos ideológicos, diferentes niveles de desarrollo y diferentes culturas administrativas, políticas e institucionales entre los estados miembros de la Unión. Así, por ejemplo, a pesar de lo mucho que se ha discutido y aún se sigue haciendo, poco se ha avanzado en una cierta armonización fiscal, en homogeneizar ciertos aspectos de la protección social, etc.

Sin embargo algunos pasos podrían darse a través de una cierta concepción de la “ciudadanía europea” que complementarían y podrían legitimar democráticamente el mercado único. No debe olvidarse que la legitimación social de una comunidad política como la europea, entrañaría que sus ciudadanos comprueben que sus derechos derivan de su posición individual frente a los demás ciudadanos europeo, y no por su pertenencia a una determinada comunidad nacional de la Unión.

En este sentido, será todavía más difícil promover una política de distribución si ésta se basa no en criterios de justicia distributiva sino en la capacidad negociadora de los diferentes Estados. La justicia distributiva es condición necesaria para garantizar la lealtad de los ciudadanos a una comunidad política (la Unión Política Europea) y una forma de garantizar la solidaridad necesaria para compensar los cada vez mayores efectos negativos que genera autónomamente el propio mercado único.

En esta dirección habría que proceder a modificar los mecanismos de distribución del gasto público y de financiación de la UE en una doble perspectiva. Por un lado, la actual forma de distribuir los fondos y políticas comunitarias por Estados o cuotas nacionales debe ser modificada con el fin de lograr un reparto basado en las circunstancias individuales de los ciudadanos europeos. Y ello no tiene por qué comportar el aumento del presupuesto comunitario (si bien, podría ser conveniente), sino remodelar las actuales políticas (directa o indirectamente redistributivas) en función de los principios de justicia antes indicados.

En segundo lugar, lo mismo debería suceder en materia de financiación comunitaria. Sería positivo crear un proceso por el cual se fueran sustituyendo los actuales impuestos nacionales por un impuesto europeo. Sin embargo, dado lo limitado del presupuesto comunitario (supone menos del 1,5% del PIB europeo), tal impuesto tendría un carácter marginal (hoy por hoy) frente a la tributación a nivel nacional, pero podría dotar de mucha mayor transparencia y justicia distributiva al sistema de financiación europea. Ello significaría que la redistribución ya no se dirigiría de “los alemanes a los griegos”, sino de los más ricos a los más pobres, independientemente de cuál fuera su nacionalidad.

Pienso que si la UE diera los pasos pertinentes en la dirección de vertebrar esa “ciudadanía europea independiente de los Estados”, con el objetivo redistribuidor que compensara los efectos sociales negativos que ha generado el mercado único, construiríamos una base firme para una auténtica unidad política de la Unión.