Paisaje con figuras

“Muchas ciudades europeas se exponen a los peligros de la comercialización y la uniformidad cultural, que destruyen su individualidad y su identidad. Entre estos peligros se cuentan, por ejemplo, la especulación inmobiliaria, los proyectos de infraestructuras sobredimensionados en relación al entorno, o unas adaptaciones poco meditadas a las exigencias del turismo de masas.” Estrategia Territorial Europea. Acordada en Postdam, 1999.

La apropiación y transformación del territorio valenciano, desde una lógica meramente económica y desarrollista que ignora las condiciones sociales, ambientales y culturales que nos son propias, no sólo agrava los desequilibrios ya existentes, sino que conduce a una tenaz homogeneización del espacio, saturando comarcas enteras con urbanizaciones, grandes superficies, parques temáticos y áreas de recreo donde nuevos deportes-mito como la vela y el golf se erigen en paradigmas de excelencia y en ilusión de futura prosperidad. Proliferan así paisajes artificiosos y mercantilizados en los que la misma ciudadanía corre el riesgo de diluirse entre el papel de disciplinados consumidores y el de meros figurantes.

La continua destrucción de enclaves y sistemas naturales, desde sierras y bosques a zonas húmedas litorales o paisajes fruto del esfuerzo humano de siglos como l’Horta del área metropolitana de Valencia, todos los cuales conforman, no sólo un territorio físico, sino también un espacio para la memoria e identidad de sus habitantes, se intenta suplantar en el imaginario colectivo mediante el recurso a transformaciones urbanísticas adornadas con la reiterativa apelación a lo emblemático o lo estratégico. Son inversiones millonarias que, además de absorber recursos públicos que se detraen de otros fines sociales y cuyos enormes beneficios se reparten después mercaderes inmobiliarios e intermediarios financieros, apuestan por producir singularidades artificiales y clónicas a las que ya se promueven en otros lugares del planeta, renunciando así a proteger, estimular y revalorizar los rasgos diferenciales de nuestras ciudades y territorios.

El desinterés de los poderes públicos en favorecer un debate social real, que permita establecer unas líneas mínimas de consenso acerca del modelo territorial y económico al que las valencianas y valencianos podemos aspirar, constituye una gravísima dejación de responsabilidad política con la que la Generalitat Valenciana –con competencias estatutarias exclusivas en materia de ordenación del territorio desde 1982- entrega el bienestar de las generaciones actuales y de las futuras a las fuerzas del mercado. Algo que, en el contexto actual de globalización hace cada vez más vulnerable y dependiente nuestra economía, tanto por la necesidad de crecientes cantidades de recursos energéticos externos, como por los riesgos que implica apostar como única opción por convertirnos en un especie de multicomplejo vacacional y de segundas residencias para jubilados del mundo, mientras se renuncia a invertir en investigación, se abandona a la industria autóctona y a la artesanía o se destruye una agricultura que podría constituirse en referente internacional si se apoyase al agricultor, se fomentasen formas cooperativas de trabajo y distribución y se estimulasen practicas biológicas que hiciesen de la salud alimentaria y la inversión ambiental la marca identitaria de nuestros productos.

Después de venir prometiendo desde 1995 su urgente tramitación, el gobierno del Partido Popular sacó adelante el pasado verano la Ley valenciana de Ordenación del Territorio y de protección del Paisaje que viene a sustituir a la Ley de Ordenación del Territorio de 1989 que nunca llegó a ser ni desarrollada ni apenas aplicada. Esta nueva ley, pródiga en objetivos programáticos, entre los que se repite el estribillo de fomentar una participación ciudadana para cuyo ejercicio no concreta mecanismos que garanticen ni el cómo y ni el cuándo, remite a la futura elaboración de un documento al que, imitando otros textos europeos, denomina Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y para cuya elaboración no se fija plazo alguno, además de reservar al ejecutivo su aprobación, sin que ni tan siquiera se contemple su debate y aprobación por las Cortes Valencianas, tal y como seria razonable para un documento que pretendiera establecer los objetivos, criterios y directrices de la ordenación territorial desde el consenso y con garantías de viabilidad y permanencia.

De otra parte, la reciente aprobación por la misma mayoría popular de una injustificable reforma de la Ley de Patrimonio Cultural mediante la que el Gobierno valenciano amplia sus facultades excepcionales para modificar la estructura urbana y arquitectónica de los conjuntos históricos declarados de interés cultural, en atención a difusas razones de interés general o arbitrarios proyectos singulares relevantes, viene a contradecir a gritos los buenos propósitos de que presumían los redactores de la ley territorial en lo que se refiere a la conservación de la morfología urbana tradicional o a la adopción de medidas para el mantenimiento de los aspectos significativos o característicos del paisaje, incluido el urbano, cuando estuviera justificado su valor patrimonial.

Durante demasiados años, la no aplicación de las previsiones de la antigua ley de ordenación territorial de 1989 ha permitido la urbanización desmedida de la franja litoral y la perdida de zonas agrícolas de especial interés económico, ambiental y paisajístico, además de amenazar gravemente la supervivencia de espacios naturales irrepetibles. La ausencia de políticas territoriales eficaces ha acentuado desequilibrios territoriales que han favorecido el abandono de pueblos y tierras de las comarcas interiores, provocando una severa degradación de paisajes resultado de siglos de actividad humana y relegando a muchas zonas rurales a ser el triste “patio de atrás” de un modelo de desarrollo basado en la urbanización extensiva de otras áreas. Esta ausencia de política territorial ha favorecido además, que mientras se realizaban incesantes reclasificaciones de suelo en los entornos urbanos, extensos e importantes centros históricos experimentasen un creciente deterioro. La ausencia consciente y sistemática de voluntad política para hacer cumplir las previsiones más elementales de la ley de ordenación territorial, las normas de medio ambiente o patrimonio cultural ha constituido la práctica de demasiados gobernantes autonómicos y locales entregados a reclasificaciones y crecimientos meramente especulativos y ajenos a las necesidades e inquietudes de la ciudadanía.

No basta con presentar más y más leyes justificadas con retóricas grandilocuentes. Para una ordenación racional y sostenible del territorio, proteger nuestro paisaje y recuperar y engrandecer nuestro patrimonio cultural, hace falta voluntad real de facilitar a la ciudadanía, no más discursos y fantasías, sino la información necesaria para debatir y alcanzar el suficiente consenso social como para identificar los problemas, fijar los objetivos y ordenar las prioridades, además de establecer compromisos económicos y temporales claros y realizables. Entretanto es urgente adoptar medidas políticas inmediatas como la moratoria de actuaciones para las zonas más amenazadas, entre las que se cuentan l’Horta metropolitana de Valencia y la mayor parte del litoral. Lo contrario son falsas promesas y maniobras de confusión que cada vez ocultan menos los verdaderos intereses que habitan detrás de tanta retórica y espectáculo.